Desde que la OMS declaró la Covid-19 como pandemia, asistimos a una nueva guerra comercial entre las empresas farmacéuticas por ver cual consigue sacar antes al mercado la mejor vacuna y, por tanto, obtener mayores beneficios mediante su venta.
Este hecho no es nuevo, ya ocurrió en la década de los 80 cuando el entonces recién descubierto virus del VIH comenzaba a existir y se cobraba las primeras víctimas. Se puede comprobar como ante una situación de emergencia sanitaria mundial, priman los intereses del capital por encima de la salud de las personas.
En ambos casos vemos como los países ricos a los que pertenecen estas grandes compañías se escudan en decir que “creo que la PI (propiedad intelectual) es una parte fundamental de nuestra industria”, como señala Pascal Soriot, presidente ejecutivo del laboratorio AstraZeneca o “si no proteges la PI, entonces esencialmente no hay ningún incentivo para nadie para innovar”.
La realidad es que como en todos los servicios existen dos sistemas opuestos para el desarrollo de las va-cunas, tanto en lo económico como en lo social. El sistema público o el privado.
Hemos comenzado hablando de directivos de empresas privadas, pero lo que no dicen estos directivos es la cantidad de dinero público que han recibido por parte de los diferentes estados y la UE para el desarrollo de las diferentes vacunas. Hoy ya conocemos estos datos a través del siguiente gráfico que ha realizado la BBC.
Lo que no conocemos todavía son los miles de millones con los que estos directivos se van a llenar los bolsi-llos con la comercialización de las vacunas en los estados que han contribuido a su desarrollo.
Todo ello, acompañado con incumplimientos frecuentes de los contratos de suministro de las diferentes vacunas y la consiguiente lucha de poder entre las distintas empresas privadas con la UE y sus estados miembro, demostrando así un claro y único interés económico antes que cualquier atisbo de importancia por la salud pública.
En contraposición, la irrupción en el mercado de las nuevas vacunas realizadas con inversión 100% pública, como la rusa Sputnik V o la china Sinopharm, supone un nuevo avance en la lucha contra el virus ya que han cedido la fabricación a otros países.
Este mismo modelo se ha realizado en Cuba, pese a los continuos esfuerzos de EEUU de bloquear y man-tener económica y comercialmente a la isla paralizada, creando las vacunas Soberana, Abdala y Mambisa.
El Instituto Finlay estima que se producirán unos 100 millones de dosis de aquí a final del año. Teniendo en cuenta que la población cubana es de unos 11 millones, significa que se exportarán unos 90 millones a otros países. Fuentes del Gobierno de Cuba afirman que compartirán la vacuna de manera humanitaria, demos-trando así una vez más el internacionalismo cubano con las causas de salud.
De esta manera podemos apreciar la diferencia entre los dos modelos de producción, el público y el priva-do. Mientras que el modelo privado busca el beneficio empresarial y personal, el público propugna el inte-rés común, buscando conseguir mejorar principalmente la salud de las personas y no un interés económi-co.
Por ello es más necesario que nunca luchar contra los intereses del libre mercado y actuar para conseguir que el modelo imperante en la creación de estas vacunas sea el público.
Solo el Socialismo puede garantizar la Salud Pública para toda la Humanidad, sin depender de los recursos económicos de las personas ni de los intereses mafiosos de las farmacéuticas.